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El Servicio de Asistencia Jurídica al profesorado de la Junta de Castilla y León recibió durante el pasado curso tres denuncias por agresiones verbales y acoso en los centros escolares sorianos. Una cifra "que no refleja verdaderamente la realidad", según expresan todos los sindicatos de docentes que actúan en Soria.
Unánimemente, estas agrupaciones manifiestan que las situaciones de acoso y presión al docente "son diarias", siendo "poco representativo" el dato computado por la Junta.
"Claro que se producen muchas situaciones más. Es que éste es un problema a nivel nacional y Soria no es una excepción", explicó Montserrat Bartolomé, de la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Aspes). En la mayoría de los casos, según ella, los profesores no se atreven a dar el paso de denunciar y de ahí que el índice no sea tan elevado. "No se denuncian más casos por el efecto vergüenza, al igual que sucede con cualquier maltrato. El miedo hace que no se lleguen ni a comentar", aclaró Bartolomé. No exteriorizar estas situaciones "provoca "escenarios depresivos que desencadenan en bajas, algo que es muy frecuente entre el profesorado".
Los cambios sociales repercuten de manera directa en el aula. La sociedad en sí y el ámbito familiar marcan son las que marcan las conductas del alumno. "Las situaciones violentas que se producen en la calle se extrapolan a las clases, al igual que la convivencia en el ámbito familiar. Cuando todo esto falla, cuando la educación que se da en casa no es la adecuada, este panorama repercute en violencia y en malos resultados académicos", explica Javier Hernansanz, presidente del Sindicato Independiente de Enseñanza Privada (FSIE) de Soria.
Sin distinción
A su juicio, "aunque la percepción no es tan preocupante como en ciudades más grandes, es indudable que este tipo de situaciones se producen habitualmente en los centros". A pesar de que el Servicio de Asistencia Jurídica está impulsado por la Junta, al mismo también puede acogerse el claustro de profesores de centros privados, cuyos varios de sus profesores están integrados en FSIE: "Nos afectan estos planes porque lo que no debemos de olvidar es que estas situaciones se producen en cualquier centro, sin distinción de su categoría de público o privado".
Totalmente lo contrario sucede así con la Ley de Autoridad propulsada por la Comunidad de Madrid, la cual sólo se aplicará a los centros de primaria y secundaria de pertenencia pública, excluyendo a los privados y concertados.
Desde ANPE Sindicato Independiente se reclama "caminar todos a la par" porque "día a día se producen más situaciones de violencia por una sociedad cambiante y una estructura familiar más compleja". Su presidenta, Mari Ángeles Manrique, estima que la Junta "sí que está trabajando" para que el trabajo de los docentes se desarrolle bajo un clima apropiado, sin tensión y sin situaciones dramáticas.
Tres cursos de servicio
La Consejería de Educación de la Junta, dentro de las actuaciones de fomento de la convivencia escolar, lanzó en el curso 2006-2007 el Servicio de Asistencia Jurídica para profesores, inspectores, alumnado y personal de administración y servicios, a pesar de que su eficacia queda en entredicho, según los representantes docentes. Además, desde febrero de 2009 la solicitud también puede efectuarse a través del teléfono 012.
Desde la Federación de Enseñanza de CC OO se proclama que "mayoritariamente" las agresiones que se producen son verbales, por lo que el profesor "sufre" y se expone a una "gran presión" que hace que tenga que declararse en baja temporal por ansiedad o intranquilidad. También matizan que esta presión a la que se somete al docente se produce "en cualquier curso y en cualquier centro" de la provincia.
Hasta la abuela
"En Infantil se suele presionar mucho. Hay padres que hasta protestan al profesor porque su hijo en clase se sienta al lado de un inmigrante. Y hasta una de las tres denuncias interpuestas en el servicio jurídico de la Junta fue por agresión de la abuela de un alumno a un profesor". Por todas estas razones, CC OO considera que lo importante sería conseguir la autoridad para el profesor "que ya se ha concedido a los médicos".
Lourdes Hernando, de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT, cree que "debería agilizarse el procedimiento cuando un profesor es agredido porque se trata como un accidente laboral pero si no se insiste no se concreta".
Para el sindicato, la ley de Esperanza Aguirre no es excesivamente trascendente. Creen que todo lo que sea en beneficio de la situación laboral del docente es positiva, pero a la vez piensan que deben ejecutarse más medidas "porque hay muchas cosas por hacer".
Javier Hernansanz es el presidente del Sindicato Independiente de Enseñanza Privada de Soria y apunta que desde su agrupación se lleva un recuento sobre las acciones de violencia sobre los profesores. Aunque no difunde cifras concretas, sí que añade que las situaciones "porcentualmente" no son muy altas y que "ahora" se observa que están disminuyendo.
"Las autoridades se están implicando mucho más y vemos que se producen menos actos de este tipo. Antes agredir a un profesor le salía gratis a un padre o a un alumno, pero ahora se piensan dos veces pegarle un puñetazo a un maestro", sentenció Sanz, quien es partidario de que se aplique el Código Penal en este tipo de situaciones de agresiones físicas y verbales en las aulas.
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- Redoble
(19/10/09 23:31)
Eva confunde a FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza), sindicato mayoritario de privada y concertada en nuestra Comunidad y a nivel nacional con CSIF. Desde la privada lo tenemos más crudo, ya que al no ser funcionarios, hasta la fecha no somos autoridad pública. Desde que surge la polémica no hemos avnazado nada, ni en la pública, ni en la privada. Yo reconozco los esfuerzos de todos los Sindicatos, pero se me hace más distante, salvo en la Comunidad de Madrid, el empuje de los gobernante, tanto a nivel central, como autonómico. Esta "patata caliente" la hemos de enfriar nosotros. Como Altior opino que Hernansanz (FSIE) está acertado y ese debe ser el camino general, para la pública y para la privada
- EVA
(16/10/09 00:26)
No tiene razón el Sr. SANZ (CSIF),jurídicamente para poder aplicar los arts.550 y 551 del Cödigo Penal es necesario primero que los docentes en el ejercicio de su función tengan reconocido el carácter de autoridad pública en el ejercicio de su profesión y de momento en nuestra Comunidad todavía no se ha dado ese paso,aunque bien es verdad que algún Sindicato(y no precisamente el suyo ) ya lo haya solicitado presentadolo por escrito ant el Fiscal General del Tribunal Superior de cAstilla y León. 1A ver si la Administración da una pronta respuesta! La sociedad y el mundo educativo la espera.
- MAESTRO
(16/10/09 00:18)
El hecho educativo es un fenómeno complejo.Ante la existencia de un problema-profesional y social- como es la convivencia en centros educativos son muchos los agentes que deben actuar para ofrecer soluciones.Algunos Sindicatos valientes ya lo han hecho,como es el caso del Sindicato ANPE.!Enhorabuena! Ahora hace falta que la Administración, las familias ,los medios de comunicación pongan todos su granito de arena.
- Tambor
(15/10/09 17:22)
La opinión de Fortius se me antoja restrictiva y excluyente. Los datos que manejan las distintas administraciones educativas hacen referencia tanto a la pública, como a la privada. Es cierto que en la Publica se dan más casos, ello es obvio, entre otros factores, porque el número de profesionales de la pública representa el 78% y los de la privada un 22%; también es cierto que aparece con mayor intensidad mediática las agresiones a los profesionales de la Pública. Fortius: Sumemos y no "dividamos".
- Fortius
(14/10/09 16:22)
1º La asistencia "psicológica" que ofrece ANPE no soluciona nada; sólo ayuda a sufrir la carga que debe soportar el profesor, pero no da solución alguna. 2º Es extraño que desde la enseñanza privada y concertada se reclame autoridad para sus profesores, ya que en ningún momento se han tenido noticias de agresiones en sus centros. Si han ocultado datos, ahora que no exijan lo que objetivamente no necesitan. Hay que estar a las duras y a las maduras, y, en caso contrario, que hagan públicos sus datos, que nos digan cómo están sus centros DE VERDAD, y luego se verá.
- M.A. M.
(13/10/09 22:49)
Se ha obviado la institución creada por el Sindicato ANPE en Castilla y león"EL DEFENSOR DEL PROFESOR" (lleva funcionando desde el curso 2006) y es la única Institución que trabaja en este sentido para apoyar al profesor en todos los casos de agresión ,en sus diversas modalidades.El sindicato pionero qe ha elaborado un informe específico sobre el tema (El informe Cisneros,un informe serio sobre la problemática docente).No deben apuntarse "tantos" ninguno de los sindicatos que no han movido un dedo en este aspecto,por seriedad hay que decir las cosas como son. Ha sido ANPE ,el sindicato que además solicitó ya el curso pasado a la Consejería de Educación de la Junta de CAstilla y León y al Fiscal General del Tribunal Superior de Cy León el reconocimiento real y legal de la autoridad del profesor en el ejercicio de su función docente. Por todo ello cuando hablamos de "educación",en cualquiera de sus múltiples aspectos hay que hablar con hechos,con medidas ,tomando iniciativas como lo viene haciendo ANPE. ANPE un Sindicato serio`profesional,exclusivamente de docentes e independiente que tiene por lema la defensa de la enseñanza pública y de todos los pofesionales que trabajan en ella.
- Altior
(13/10/09 22:06)
Las declaraciones de Javier Hernansanz, Presidente de FSIE-Soria, están llenas de sentido común y conocimiento del Sector de la Enseñanza
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Los incidentes acaecidos durante el primer fin de semana de septiembre en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón y la supuesta agresión de un padre a la directora de un centro escolar en el distrito de Vallecas marcaron el debate social durante el pasado mes. Empezaba un nuevo curso y en la calle se abrió el eterno debate a tres bandas sobre educación, ámbito familiar y centros escolares.
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, aprovechó la coyuntura y anunció la instalación de tarimas en las clases de todos los colegios públicos madrileños para realzar el papel del profesor en el aula con respecto a su alumnado.
Asimismo, unos días antes, la lideresa popular proclamó su intención de tramitar en la Asamblea de Madrid la Ley de Autoridad del Profesor, por la cual se otorgará a los maestros de primaria y secundaria la condición de autoridad pública y que coloca a este funcionariado al mismo nivel que policías, jueces u otros cargos públicos.
Los sindicatos de profesores, de manera conjunta, aplaudieron la iniciativa aunque reconocieron que no significaba si no "un paso más" para mejorar las situación del profesorado.
Todos ellos, a una sola voz, reclamaban en su discurso que la verdadera cuenta pendiente es que el profesor "recupere su prestigio social". Así lo indica Lourdes Hernando, la secretaria general de FETE-UGT, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza del sindicato en Soria: "Esto es sólo un primer paso. Están pendientes otras tantas medidas como el desdoblamiento de grupos, la reducción del número de alumnos en cada clase o las horas lectivas en la jornada semanal".
Además, dice, "la Junta ha reducido dos horas en la jornada laboral semanal pero no se ha equilibrado equitativamente con el aumento de profesores". Desde la enseñanza privada también se reclaman medidas a la administración: "Sería conveniente diminuir el ratio de alumnos por clase. Con tantos alumnos se genera mucha más violencia en el aula y además resulta más complicado detectar antes el problema y el posterior tratamiento de las causas". Javier Hernansanz, presidente del Sindicato Independiente de Enseñanza Privada de Soria, estima que para atajar estas situaciones, debería extenderse la medida propulsada por Aguirre a la región, pero además, "que también se incluya a los centros concertados y privados porque situaciones de violencia se producen del mismo modo que en los centros privados".
Aplicar el Código Penal
"Lo que nosotros venimos defendiendo desde hace mucho tiempo es que en este tipo de situaciones se apliquen los artículos 550 y 551 del Código Penal", explica José María Sanz desde la Central Independiente de Funcionarios (CSI-CSIF). Ello supondría equiparar jurídicamente a los maestros con el resto de autoridades públicas, tal como sugiere la Comunidad de Madrid.
Ambos artículos tratan sobre los delitos contra el orden público, en materia de los atentados contra la autoridad, sus agentes, los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia. El 550 califica como "reos de atentado" aquellas situaciones en las que se emplee la fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.
Por su parte, el 551 viene a especificar las penas de cárcel en estos supuestos. Según Sanz, "además de las cuestiones filosóficas" debe hacerse "una regulación normativa". La Fiscalía General del Estado "ya aconsejaba a los fiscales de toda España que se califique de atentado a la autoridad cualquier agresión contra un profesor", recordó. También los centros, a su juicio, deben aplicar estrictamente sus reglamentos internos, "clarificando y tipificando las faltas".
Aunque lo verdaderamente importante, dice el responsable en Soria del sindicato es "aplicar estrictamente el Código Penal, como venimos reclamando desde hace ya un tiempo".
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