La policía detuvo ayer a decenas de personas durante una marcha en la que cientos de activistas de Arizona y otros lugares de EE. UU. protestaban para exigir la anulación de la ley de inmigración, que entró ayer en vigor, y una reforma migratoria integral.

Al cierre de esta edición se desconocía el número de activistas detenidos, aunque algunas fuentes hablaban de 40, pero aún no había habido enfrentamientos con la policía que custodiaba fuertemente el área de la protesta.

Al son de tambores y ondeando banderas de Estados Unidos y México, los manifestantes iniciaron la manifestación frente al tribunal federal de la ciudad, donde el miércoles la juez Susan Bolton suspendió los elementos más polémicos de la ley.

Posteriormente, bajo fuerte vigilancia policial y seguidos por la prensa nacional e internacional, los activistas caminaron hasta las oficinas del sheriff del condado Maricopa, Joe Arpaio, que ayer efectuó una redada en un conocido sector latino de la capital.

Gritos de Alto a la SB1070!, Sí, se puede, y Arpaio, escucha, estamos en la lucha!, los manifestantes competían con el ruido del tráfico, de sirenas de la patrulla policial y de un helicóptero que sobrevolaba la zona. Los activistas corearon consignas y rimas, a la usanza de la izquierda latinoamericana, con mensajes como El pueblo unido, jamás será vencido, y Qué queremos? legalización, ¿cuándo? ahora.

La activista Mar Cárdenas viajó desde California para sumarse a las protestas porque, según explicó, el dictamen de la juez Bolton es solo una "victoria parcial" y "lo que se requiere es una reforma migratoria integral".

Otro activista lucía una máscara con la semblanza de Arpaio y un uniforme de prisionero con rayas blancas y negras mientras hacía retumbar un enorme tambor que sirvió de banda sonora a lo largo de la protesta. Una anciana se trasladó a la marcha en silla de rueda porque, a su juicio, la SB1070 es una "ley injusta".

"Una larga batalla legal"
La protesta, organizada por grupos como Promise Arizona y Puente, se celebró horas antes de que la gobernadora republicana, Jan Brewer, presentara una apelación del dictamen de Bolton ante el noveno tribunal de apelaciones. Paul Senseman, un portavoz de Brewer, dijo que el Gobierno de Arizona pidió a la corte que revoque el dictamen de Bolton y agilice su revisión del caso.

Brewer, que busca la reelección este año, dijo el miércoles que llevará el caso hasta el Tribunal Supremo de ser necesario. "Esta lucha está lejos de terminar. De hecho apenas ha comenzado, y después de lo que con seguridad será una larga batalla legal, Arizona prevalecerá en su derecho a proteger a nuestros ciudadanos", dijo Brewer en un comunicado.

No es la primera vez que ambas partes pelean: muchos estados ya han demandado al Gobierno federal por la puesta en marcha de la reforma de salud, parte de la cual afecta los poderes estatales.

La SB1070 afronta siete demandas, incluyendo la que entabló el Departamento de Justicia con el argumento de que Arizona se atribuye tareas de inmigración que recaen sobre el Gobierno federal.

La Constitución establece en la Décima Enmienda cuáles son los poderes que pertenecen exclusivamente a cada uno de los 50 estados, que gozan de cierta soberanía para algunos asuntos, y la "supremacía" de la ley federal sobre las estatales.

Bolton y varios expertos legales creen que la Administración Obama ganará el argumento de que las tareas policiales de inmigración recaen únicamente en el Gobierno federal.

El principal autor de la ley, el legislador estatal republicano Russell Pearce, confía en que Arizona ganará el caso.

Randy Pullen, presidente del Partido Republicano de Arizona, considera por su parte "irónico" que el Gobierno de Obama acuse al estado de usurpar la autoridad federal "cuando aparentemente el Gobierno ha atropellado la Décima Enmienda desde el principio".

La protesta de Arizona fue una de las decenas programadas para ayer en varias ciudades del país.