Pueblos

El juez investiga una posible ocupación de bienes públicos en dos pueblos vendidos a una empresa

Compró dos localidades en el Valle de Manzanedo haciendo "dueña de facto" de cauces de ríos y de una iglesia

EFE Actualizada 08/08/2016 a las 13:59

El juzgado de Villarcayo (Burgos) instruye una causa por la ocupación de bienes públicos contra una empresa que compró dos pueblos en el Valle de Manzanedo, en el norte de Burgos, y contra parte de la corporación local de ese municipio.

La denuncia se presentó en febrero de 2011 y fue archivada por el juzgado pero, tras el recurso formulado por la denunciante y la Fiscalía, la Audiencia Provincial ha ordenado que se retome la instrucción por usurpación de bienes públicos y prevaricación.

Margarita Pérez fue la denunciante de las presuntas irregularidades e insiste en que "la justicia cuando es lenta no es justicia" porque las presuntas ocupaciones de bienes públicos se produjeron a partir de 2002 y la primera denuncia judicial la formuló en 2007 tras ver que ninguna administración hacía nada.

Según se indica tanto en la denuncia de Margarita Pérez como en los escritos presentados ante la Audiencia provincial por la Fiscalía, tras comprar los bienes privados, el responsable de la empresa Fuentehumorera S.L. cerró caminos y se hizo "dueño de facto" de cauces de ríos y hasta de una iglesia románica y una ermita.

Pese a que la propia Fiscalía ha solicitado que se llame a declarar como perjudicados a la Confederación Hidrográfica del Ebro y a la Diputación de Burgos, ninguna de ellas se ha personado.

Solo el arzobispado ha decidido en las últimas semanas personarse para reclamar la Iglesia románica de San Román y la ermita de San Tirso.

Tampoco se sabe nada del expediente que la Junta de Castilla y León tendría que haber abierto por el cierre de caminos públicos en las localidades de Fuentehumorera y Río Seco.

Incluso el Procurador del Común ha emitido varias resoluciones reconociendo las irregularidades y pidiendo al gobierno regional que abra expediente sancionador por falta grave.

Por una parte, en la instrucción están investigados por usurpación de bienes públicos el titular de la empresa que compró los pueblos, su esposa y su hijo, que forman también parte de la sociedad.

La alcaldesa y su equipo de gobierno actual (PSOE) y de la pasada legislatura, en total cuatro concejales, están acusados junto al secretario municipal de prevaricación por parar el expediente que el Ayuntamiento del Valle de Manzanedo abrió en 2002 y por intentar resolver el asunto cambiando los caminos públicos por varias fincas de pastos situadas en otra localidad.

La denunciante de este asunto, que fue concejala del Ayuntamiento del Valle de Manzanedo, es una ganadera de la zona que lamenta la lentitud de la justicia y "tener que afrontar con fondos propios la defensa de lo público ante la pasividad de las administraciones".







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