Trama eólica

Herrera pide "perdón por anticipado" y apunta a una posible "corrupción de personas"

El presidente de la Junta reconoce que si finalmente los asuntos investigados se confirman se trataría de "hechos de enorme gravedad", que son "tan ilícitos como inmorales".

Efe Actualizada 01/06/2017 a las 09:21
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (i), durante su comparecencia este jueves ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico.Efe. R. García

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El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha pedido este jueves "perdón por anticipado" ante las condenas que puedan derivarse de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción acerca de autorizaciones de parques eólicos, que ha enmarcado en una potencial "corrupción de personas".

En la primera parte de su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para hablar de las "informaciones aparecidas" sobre la querella presentada por la Fiscalía contra 21 personas por delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, Herreraha asumido que algunos de los investigados tuvieron "importantes responsabilidades" en la Administración, entre ellos el exviceconsejero Rafael Delgado.

Sin embargo, ha defendido que estos posibles delitos, de confirmarse judicialmente su comisión, fueron materializados al margen de los procedimientos administrativos, ya que en su opinión los expedientes se ajustan a la legalidad, por lo que ha descartado que pueda hablarse de corrupción de "instituciones o de la propia Administración".

Herrera ha reconocido que si finalmente los hechos investigados acaban confirmándose, se trataría de "hechos de enorme gravedad", que son "tan ilícitos como inmorales" por perjudicar "a todos", pero ha remarcado que el propio auto de desestimación de la personación de la Junta como acusación particular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, que ha asumido la querella de Anticorrupción, "afirma con rotundidad" que la Comunidad no es "perjudicada".

El presidente ha interpretado que lo que la juez está trasladando con esta desestimación de la personación es que "los fondos públicos no se han visto afectados" y, por lo tanto, ha concluido que "no ha habido malversación de dinero público".

No obstante, Herrera ha sostenido que esta "presunta mala actuación" de los exaltos cargos de la Junta, además del "perdón por anticipado" que ha pedido, afectan a la confianza de los ciudadanos en las Administraciones porque se trata de hechos que son "radicalmente contrarios" a los principios "legales y éticos irreprochables" sobre los que en su opinión debe asentarse el servicio público.

El dirigente autonómico ha insistido en que los servicios jurídicos de la Junta han revisado los expedientes que sirvieron para autorizar los parques eólicos bajo investigación sin que hayan encontrado en ellos tacha alguna de legalidad, lo que le ha llevado a considerar que, de haberse producido irregularidades, habrían de enmarcarse en el plano personal al circular "en paralelo" a la tramitación.

Para referirse a la situación del principal investigado en este caso, el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado -al que la Fiscalía atribuye los cuatro delitos citados-, Herrera se ha limitado a reproducir que Anticorrupción considera que utilizó su posición para completar actuaciones "no regladas" para "favorecer a empresas con las que tendría una especial relación".

Sobre otro de los investigados, el exconsejero delegado de la empresa participada Excal Alberto Esgueva, Herrera ha aceptado que los hechos apuntados sobre él "causan especial alarma y preocupación".

Herrera se ha detenido también en uno de los puntos clave en el procedimiento administrativo que se investiga, como es la figura de la avocación para que Rafael Delgado asumiera plenos poderes para resolver estos expedientes, en detrimento de las delegaciones territoriales de la Junta en las diferentes provincias.

Al respecto, ha afirmado que su utilización fue "plenamente legal" y ha rechazado el argumento dado por la Intervención General del Estado -que considera ilegal que pudiera modificarse un decreto por medio de una instrucción para materializar la avocación-, ya que en su opinión este cambio se basa en la Ley de Procedimiento Administrativo.

"La avocación no ha sido el problema", ha resumido Herrera, convencido de que las actuaciones de su Gobierno para desarrollar este sector en la década de los noventa y primeros años del nuevo siglo han sido "beneficiosas" para las inversiones y el empleo de la Comunidad.

En este sentido, Herrera ha argumentado que la normativa desplegada por la Junta para ordenar la "auténtica carrera entre comunidades autónomas para obtener los máximos réditos en inversión y empleo" fue más exigente que las de otros territorios y tenía como uno de los objetivos "evitar operaciones puramente especulativas".

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