Agraria

El Supremo abre la puerta de las cogeneradoras

Rechaza la orden ministerial que forzó el cierre de 29 plantas de tratamiento de purines, tres de ellas en Los Rábanos, Ágreda y Langa.

Sara I, Belled 09/07/2016 a las 06:00
Planta de purines de ÁgredaMariano Castejón

El Tribunal Supremo ha anulado varios aspectos del anexo de la orden ministerial del año 2014 que recortaba las primas de la energía eléctrica producida en las plantas de tratamiento de purines mediante la cogeneración. Entonces fueron 29 instalaciones las que echaron el cierre, tres de ellas en Los Rábanos, Langa de Duero y Ágreda. Ahora, no obstante, no está todavía claro que vayan a reabrirse y, de hacerlo, nadie sabe a ciencia cierta "cómo o cuál será el coste de volver a poner en marcha unas instalaciones que llevan cerca de dos años sin actividad", explica a este medio Josep Capdevila, presidente de la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de Purines (ADAP).

Es el recurso interpuesto por este grupo el que ha estimado el alto poder judicial contra la orden por la que se aprueban los "parámetros retributivos de las instalaciones aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, especialmente en la parte referida al tratamiento de los purines en cuanto a los valores y los parámetros relativos a los costes de inversión y explotación".

Como detalla Capdevila, el objetivo de ADAP "no era político". Y explica: "La reforma (que se sostiene en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio) nos parece bien, pero no esa forma de cobro, que se realizó en base a unos datos erróneos".

En el Real Decreto 661/2007, la Administración del Estado estableció las tarifas y primas para este modo de producción de energía durante los 15 primeros años. Al amparo de estas cifras, el sector porcino apostó por el sistema de procesamiento de purines y se acometieron las inversiones industriales oportunas, muchas de ellas alentadas por los propios ganaderos de la zona, como en Los Rábanos. La orden ministerial IET71045/2014, de 16 de junio, publicada en 2014 pero con efectos retroactivos desde julio de 2013, cambió las reglas y derivó en un recorte de más del 40% de la prima a la energía producida mediante la cogeneración. Con ello, los productores de electricidad a través del biogás pasaron de recibir 156 euros por megavatio que vendían a la red, a 100 euros el megavatio. Ello supuso un esfuerzo económico inasumible para dichas instalaciones, que sucumbieron al cierre o la quiebra en los meses posteriores. El resultado en la provincia fue el cese de actividad de tres de las cuatro plantas existentes, la pérdida de cerca de treinta puestos de trabajo (algunos de fuera de Soria, ya que parte del capital invertido provenía de otras provincias, como Asturias o Cataluña) y el desconcierto de muchos ganaderos, que han tenido que hacer frente a grandes gastos para poder gestionar de una manera alternativa los excedentes de este subproducto derivado de la cría del cerdo.

Solo la planta ubicada en Almazán, de titularidad pública por la Diputación Provincial de Soria pero gestionada de forma privada por la empresa Plural desde 2010, consiguió sobreponerse al ‘tijeretazo’ ministerial al diversificar su actividad, aunque tuvo que plantear un ERE. Así, además de transformar el purín en biogás y convertirlo en fertilizantes, a finales de noviembre de 2014 completó su actividad con una planta de tratamiento de cadáveres animales, lo que le supuso una inversión de unos seis millones de euros, pero la seguridad de mantenerse a flote y la tranquilidad de los ganaderos de la zona de poder llevar allí el excedente. No así otros profesionales, para quienes el precio del transporte se hace excesivo.

Cuatro meses de plazo

El fallo, del pasado 20 de junio, abre así la puerta a una posible reapertura, lo que supone "un éxito", según Capdevila, a pesar de que la calma es una constante. "Hay que esperar a que el fallo se ejecute", recuerda el que formase parte del empresariado de la instalación de Langa de Duero, ahora en proceso concursal y que se mantiene ‘activa’ solo con el personal de seguridad. "Expectante" se define por su parte Daniel Villar, socio de la cogeneradora de Los Rábanos, cerrada de igual modo. De hecho, el texto establece un plazo máximo de cuatro meses para que la Administración apruebe "la regulación sustitutiva de la que ahora se anula", aunque sin un Gobierno efectivo todavía, "nada está claro". Cuestionado por ello, el Ministerio de Industria y Turismo no ha dado una respuesta a tiempo a este medio.

En este sentido, ambos empresarios admiten que la situación de las plantas es diferente y que será en el momento en el que la Administración varíe la orden ministerial y dependiendo de dichas modificaciones, cuando consideren la posible reapertura de las instalaciones sorianas. En Ágreda, con cuyo grupo empresarial no ha logrado ponerse en contacto este medio, la planta habría sufrido un "desmantelamiento real y efectivo, irreversible", confirma Jesús Manuel Alonso, alcalde de la localidad, quien muestra además su preocupación por los problemas medioambientales -malos olores y emisión de gases de efecto invernadero- derivados del aumento de cabaña en la zona y la desaparición de la cogeneradora.

Inversión e inventiva

Tanto Capdevila como Villar advierten que han puesto en manos de sus servicios jurídicos la posibilidad de plantear una restauración de los daños causados como parte empresarial (no así como ADAP, en el caso de Capdevila).

Una opción que desestiman por el momento los ganaderos. "Lo que más pena da es que sabíamos que al final los jueces nos iban a dar la razón, pero entre tanto las plantas han cerrado, se han perdido puestos de trabajo y las consecuencias indirectas han afectado a muchos ganaderos", advierte Miguel Ángel Ortiz, presidente de la Asociación Provincial de Productores de Ganado Porcino de Soria (Aporso). A su juicio, los ganaderos se centran "en el día a día y no en ir a un juicio que ni se sabe cuándo terminará".

Durante este tiempo, las explotaciones debieron recurrir a nuevas técnicas de gestión que suponían inversiones, más costes y, como también han denunciado los sindicatos agrarios, "una pérdida de competitividad". Entre las iniciativas ejecutadas por la Junta de Castilla y León para hacer frente al problema de los excedentes de purín, se amplió al máximo lo que se podía esparcir en terrenos de cultivo y se otorgaron ayudas para hacer frente a las inversiones destinadas a la mejora de la gestión de purines generados en las explotaciones porcinas de la región. No obstante, dicha ayuda incluía solo las inversiones que se ejecuten en el año 2016, pero no las ya realizadas un año y dos antes. Como ejemplo, Cárnicas Villar (de la que forma parte Daniel Villar) ha comenzado en las últimas semanas la construcción de una balsa de purines con la autorización medioambiental de la Junta y urbanística del ayuntamiento de Los Rábanos. Una obra de gran envergadura que no pararán una vez conocidas las últimas noticias y que se une al resto de inversiones que ya venían realizando.

Necesidad de una quinta planta

En la actualidad, se estima que en la provincia existen unas 40.000 o 50.000 madres, en cerca de 400 explotaciones. En unas jornadas de bioenergía organizadas en Soria en 2004 se estimaba la cabaña en 42.000 reproductores y se advertía sobre la necesidad de una quinta planta en la zona de San Pedro Manrique.

En cuanto al subproducto, las 29 plantas existentes gestionaban alrededor de 2,5 millones de metros cúbicos de purines procedentes de más de 2.000 explotaciones de porcino. De hecho, el sector porcino es el principal motor económico de muchas comarcas, representa más del 14% del PIB industrial y genera más de dos millones y medio de empleos, de los que cerca de 200.000 son puestos de trabajo directos y con un volumen de negocio de más de 6.000 millones de euros anuales.







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