Laboral

Un juzgado de Soria obliga a Justicia a devolver íntegra la paga extra de 2012

La sentencia es firme y supone que todos los funcionarios sorianos puedan adherirse a la misma.

Efe. Soria Actualizada 18/12/2015 a las 17:14

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Soria ha estimado una demanda en la que, por primera vez en el ámbito gestionado por el Ministerio de Justicia, se obliga a la devolución íntegra de la paga extra de Navidad decretada por el Gobierno en 2012 a una funcionaria.

La sentencia ha sido favorable a los servicios jurídicos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que han defendido a la funcionaria, según ha informado este viernes la citada central sindical en un comunicado.

Hasta ahora, los juzgados habían reconocido la parte proporcional que había sido devengada hasta el mes de julio, cuando entró en vigor el decreto del Gobierno.

Sin embargo, en el caso de los funcionarios de Justicia, el Gobierno se vio obligado a redactar un decreto específico que no entró en vigor hasta el 28 de diciembre de 2013, cuando ya habían devengado la paga extra de manera íntegra.

La sentencia es firme y supone, de entrada, según ha subrayado CSIF, que todos los funcionarios de Justicia de la provincia de Soria puedan adherirse a la misma.

Además, CSIF exigirá de manera inmediata al Ministerio de Justicia que haga extensivos los efectos de esta sentencia al conjunto de los funcionarios dependientes de su ámbito (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Extremadura, Ceuta, Melilla, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo).

Las relaciones laborales de este personal están reguladas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el Gobierno tuvo que modificar para aplicar el recorte sobre sus nóminas.

El juez recuerda en su sentencia que las pagas extraordinarias tienen la consideración de salario diferido, que se devenga día a día, aunque su vencimiento tenga lugar en determinados meses del año.

Por ello, ha considerado que debe estimarse la demanda dado que, de lo contrario, se quebraría el principio de no retroactividad que contempla la Constitución española.







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