Escombros

Las pesquisas europeas precipitan clausuras masivas de escombreras

Las multas contempladas en la ley oscilan entre 900 y 1.750.000 euros

Actualizada 16/03/2016 a las 10:09
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Han precipitado numerosos cierres en múltiples puntos de la provincia. Las pesquisas europeas sobre vertederos ilegales en Castilla y León y otros puntos de la geografía nacional han acelerado la clausura de decenas de escombreras y parcelas. Hasta hace dos años "no había municipio que no tuviera una". Esto ocurría en localidades como El Royo, Garray, Almarza, Berlanga de Duero, El Burgo de Osma, Chavaler, Valdeavellano o Fuentecantos. El cierre de las de mayor tamaño "trasladó la presión" a las pequeñas (Carrascosa, Castilfrío, Los Villares). Ahora, con estas últimas en el punto de mira de la Administración, el problema pasa "al ciudadano", ya que "no existe una solución integral para toda la provincia" y deshacerse de los residuos generados por obras menores "casi cuesta tanto" como los trabajos.

La escombrera de Castilfrío ha sido una de las últimas en ser clausurada. Su alcalde, Tomás Cabezón, admite que, pese a no estar catalogada como tal, estuvo activa "hasta hace un mes". El Consistorio, no obstante, la limpió y allanó y, próximamente, la vallará. También modificó la cuneta para restringir el acceso. Lo hizo sin necesidad de recibir un toque de atención por parte de la Junta. La decisión se adoptó al percibir durante el último trimestre que "alguien estaba echando residuos". Se vertieron, sobre todo, "tierra y piedras". En estos casos, los ayuntamientos se enfrentan a sanciones que oscilan entre los 900 y los 1.750.000 euros en función de la gravedad de las infracciones, según contempla la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. El problema es que estos comportamientos ilegales "no son nada fáciles de controlar".

María José Jiménez, alcaldesa de Garray, asegura que en estos momentos "no hay ninguna" escombrera en activo en el municipio. Aunque las que había "se limpiaron", la regidora no descarta que vuelvan a aparecer en otros puntos. Ella achaca esta situación a "los precios" actuales. "Mucha gente no puede permitírselos", admitió. Esto hace que haya personas que no cumplan la ley. "Un día puede estar todo bien y al día siguiente amanecer con un camino con restos de azulejos", afirmó. El Ayuntamiento, en todo caso, nunca ha mostrado una actitud pasiva.

Los Villares, otra de las localidades señaladas, clausuró su escombrera "hace dos o tres años". No obstante, su alcalde, José María del Río, admite que todavía quedan rescoldos en una finca "cerca del pueblo". Allí, lo habitual es que los desechos se tiren "en un contenedor" o "en el punto limpio". Para Del Río "es una pena que haya que pagar tanto dinero", ya que la obra "se encarece mucho". "A la gente se le quitan las ganas", aseveró. En su opinión, políticas como esta no ayudan "a potenciar el medio rural".

Carrascosa de la Sierra albergaba una finca en la que se tiraban residuos al margen de la legalidad. El problema parece ahora controlado. Su alcalde, José María Valoria, critica que desescombrar cueste casi tanto como obrar.

En El Royo, esta cuestión ha sido llevada a pleno. La Corporación acordó cambiar de ubicación el punto de vertido de residuos vegetales "por haber sido elegido de acuerdo a criterios puramente técnicos pero no paisajísticos y haberse recibido quejas por su situación". Asimismo, se abordó la posibilidad de "hacer un proyecto piloto sobre compostaje en el que podrían involucrarse todos los vecinos que quisieran". Su alcalde, Raúl Gómez, confirmó que la escombrera se cerró, aproximadamente, "en mayo", antes de las elecciones municipales. Sin embargo, tras su clausura se detectaron "vertidos ilegales". Es por ello que el Ayuntamiento modificó la ordenanza municipal "para incluir pequeñas cantidades de escombro como residuo doméstico". "Tenemos un contenedor en el punto limpio. Cuando se pide licencia, si se declaran hasta dos metros cúbicos se permite echarlos allí. Si son más, cada cual tiene que contratar el suyo propio", explicó.
Los comportamientos ilegales son reportados "a Medio Ambiente". "Les comunicamos dónde están los desperdicios para que puedan investigar y encontrar a los propietarios, pero es muy difícil detectar quién lo ha hecho. Actúan a escondidas y es difícil pillarles", expuso. Hasta la fecha se han detectado varios puntos conflictivos, uno "subiendo hacia Sotillo" y otro en un paraje "camino del río Duero". Hay, por ejemplo, "algunos electrodomésticos abandonados". Aunque "hay poca cantidad", son materiales que "no se descomponen".

La intención es retirarlos "para que no vaya a más". También se pretende dar facilidades para que los vertidos sean controlados y que si ocurre algo incontrolado sea "dentro del punto limpio". Ante esta situación, la pregunta es clara: ¿Qué hacer con los escombros que generan las obras menores? Tras las clausuras precipitadas, "la única opción que queda es que el ciudadano pague por la gestión de los residuos", algo que, de acuerdo con los alcaldes y particulares consultados, "no les corresponde". Para muchos, esta es una cuestión que tiene que asumir "la administración", que es "quien tiene la competencia". Hasta la fecha, los municipios han parcheado el problema "como han podido". Se necesita, sin embargo, una solución "decidida y global" que promueva una gestión "efectiva".

En lo que respecta al término municipal de Soria, la Junta anunció en febrero su intención de acondicionar el Bellosillo coincidiendo con ‘Numancia 2017’. Antes de iniciar los trabajos será necesario actualizar el documento técnico de la obra, que se presupuestó hace ya unos once años.







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