Reforma local

Un "mapa" competencial con una "Ley de financiación" de los servicios

Carlos Martínez, alcalde de Soria, valora la sentencia del Tribunal Constitucional

Actualizada 11/03/2016 a las 09:19
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Vista aérea de Soria capitalMario Tejedor

"La sentencia lo que viene a decir muy claramente es que algunos teníamos razón cuando hablábamos de que la nueva Ley de Bases, redactada y aprobada por el Gobierno de España, no resolvía ninguno de los problemas que hoy por hoy tiene la prestación de los servicios ante la ciudadanía: ni el mapa competencial ni el mapa de la financiación de esos servicios". De esta manera se refirió ayer el alcalde de Soria, Carlos Martínez, a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que anula algunos preceptos de la reforma local a través de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad.

Entre otras cuestiones, el Tribunal declara inconstitucional la prohibición a las Comunidades Autónomas de atribuir como competencias locales propias servicios de asistencia social y atención primaria.

Desde el punto de vista de Martínez, la sentencia deja clara la "necesidad de hacer una reorganización administrativa", con un "mapa muy claro de competencias", que afecte desde el "más pequeño ayuntamiento" al Gobierno central. Un mapa ligado a una "Ley de financiación para poder abordar con un mínimo de calidad la prestación de los servicios, independientemente de donde se resida". Y eso, "hay que abordarlo ya".

El logro de unos "más eficaces y eficientes servicios" únicamente se logrará a juicio del regidor "si abrimos el melón de una vez por todas de la reorganización administrativa de este país, en lugar de intentar pasar la pelota de uno y otro lado".

La sentencia, al hilo de un recurso de la Asamblea de Extremadura, "viene a dar la razón a esos más de 3.000 ayuntamientos que recurrieron" la Ley y a Comunidades como Asturias o Cataluña, que también lo hicieron.

"Y viene a sacar las vergüenzas al Gobierno de España, que no supo redactar una Ley de la mano de los ayuntamientos de este país, que fuera capaz de clarificar un mapa competencial y que fuera capaz de abordar una financiación de los servicios acorde con la calidad que necesitan hoy por hoy los vecinos de cada uno de los municipios". También "viene a sacar las vergüenzas" al Gobierno regional, "que a través de los medios de comunicación fue crítico con esta Ley, pero que en la realidad no fue capaz de llevar al Constitucional" la norma, pese a que "vulneraba claramente las competencias estrictas de la Comunidad Autónoma", indicó el regidor.

"La mala praxis, la mala forma de legislar que tiene el Gobierno de España, asumida por parte de la Comunidad Autónoma, la realidad es que siempre la acaban pagando los vecinos de cada uno de los municipios a través de sus ayuntamientos, que hoy por hoy vemos que tenemos que seguir prestando servicios que en la propia sentencia ya dicta que son competencia estricta de la Comunidad Autónoma, como son todos los servicios de protección social y que al final tienen que ser financiados por las arcas municipales, por los propios vecinos de cada una de las ciudades en exclusiva". Y es que, la sentencia "dice también que no se van a retener de los tributos de la Comunidad Autónoma, a pesar de ser sus competencias; por tanto, no van a pagar por parte de la Comunidad Autónoma la prestación de esos servicios".
 

"Dos veces malo"

Para el regidor soriano, el caso es "dos veces malo". Es decir, que los ayuntamientos seguirán adelante con los servicios sociales, "último refugio para los más necesitados". Pero el apartado de la financiación queda cojo. "Lo que viene a decir la sentencia es : ‘sí, es competencia autonómica, pero no van ustedes a recibir la retención que de los tributos iba a aplicar el Estado". Así, "esta forma de gobernar de espaldas a las necesidades y de malgobernar haciéndolo en contra incluso de la propia Constitución quien lo paga son los ayuntamientos" y los vecinos "que tenemos que financiar con los impuestos locales toda esa protección social que no asume la Comunidad".
 

FRMP: sin imposición

Por su parte, el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP) y alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, pidió al próximo Gobierno que se tome en serio la financiación local y las competencias. Polanco manifestó que la sentencia muestra que "las normas no se pueden imponer" aunque se elaboren en momentos de "emergencia". Para el presidente de la FRMP esta sentencia hace ver que las normas estatales, como la conocida como Ley Montoro, deben hacerse siempre con el máximo acuerdo y consenso de los ayuntamientos y de las Comunidades.

A partir de la resolución del Constitucional que "consigue aclarar un poco más las competencias de cada uno", Polanco invitó a los 2.248 municipios de Castilla y León a "luchar por lo que tenemos en común, que es que necesitamos una mejor financiación para prestar servicios públicos esenciales de calidad".
Entidades menores y cuentas

Sobre la amenaza de disolución de las entidades menores si no presentan las cuentas en plazo, el Tribunal avala la cuestión y sólo anula lo relativo a que será por Decreto de la Comunidad. Este punto predeterminaba el órgano e iba en contra de la capacidad de la Autonomía para organizarse.







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